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Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria

Nueva modificación de la Ley de hidrocarburos para comprar voluntades

2 de Diciembre, 2014
Nueva modificación de la Ley de hidrocarburos para comprar voluntades

En los últimos meses se viene barruntando la intención del gobierno de modificar la Ley de Hidrocarburos una vez más. Esta modificación, prevista para finales de 2014, tiene la finalidad de "incentivar" las prácticas extractivas de hidrocarburos en el estado español. Ya que las reservas convencionales en el Estado Español son casi nulas, hablar de hidrocarburos quiere decir explotaciones no convencionales, es decir, explotaciones en el mar a profundidades muy elevadas o/y explotaciones donde es imprescindible utilizar la fractura hidráulica.
La modificación quiere, entre otras cosas, facilitar el desarrollo de las labores de exploración y explotación y hacer partícipes como accionistas a los propietarios de los suelos donde se quiere llevar a cabo la explotación. Así, en lugar de expropiar a los dueños de los terrenos, proceso costoso, mal visto y largo, las empresas ofrecen a los mismos una participación en acciones en los rendimientos por haber de la futura explotación. De esta manera, integrarían a unos posibles contrarios en socios de sus proyectos.
Además, antes de que finalice el año el Gobierno quiere gravar con un nuevo tributo la extracción de hidrocarburos en España, dinero que supuestamente iría a las arcas de las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados por los permisos.
Hasta ahora, las compañías se vienen encontrando con la firme oposición de la población. Sin embargo, haciendo caso omiso a la voluntad de la ciudadanía e ignorando deliberadamente todos los informes negativos que alertan sobre la peligrosidad que conllevan este tipo de proyectos, parece que las empresas y el gobierno intentan ahora a cambiar de estrategia. En vez de palo, ofrecen (migajas de) zanahoria.
Saben que hay una gran oposición por parte de la población, que se ha informada sobre las consecuencias reales de tener una explotación de estas características cerca. No solo las que afectan al paisaje, al medio ambiente o a la salud, sino también a la destrucción del tejido empresarial y las maneras de vivir del lugar. Es lógico que esta última maniobra por parte del ejecutivo despierte suspicacias entre la población, desconfianza justificada si se mira más detalladamente a la oferta de participación en el negocio.
En un plano netamente económico, habría que plantearse si es realmente lucrativo ser accionista de una empresa de estas características. Según un informe del Departamento de energía de EEUU publicado el pasado julio 2014, las 127 empresas más grandes del mundo dedicadas a extraer petróleo y gas tienen un desfase contable de, nada más y nada menos, 110.000 millones de dólares. Las cuentas no salen, el gas y el petróleo que se vende no resulta rentable. Ese enorme agujero se intenta compensar vendiendo activos a empresas más pequeñas o endeudándose más. Las multinacionales de los hidrocarburos están inmersas en una burbuja de deuda monstruosa, de dimensiones globales, que explotará en un periodo de tiempo no muy prolongado. Es un tema muy serio que hay que tener en cuenta. ¿Informarán las empresas a los propietarios de las tierras afectadas, sus posibles nuevos accionistas, de la precariedad de sus cuentas?. Lo dudamos, como también dudamos de que les informen de que la media de vida de un pozo es muy corta y que en el primer año de explotación produce entre el 75 y el 80% de todo lo que producirá en su vida.
Algo que cada vez queda más patente, es que el gobierno actual está trabajando mano a mano con las empresas gasistas para acelerar y facilitar las explotaciones de hidrocarburos en la península, haciendo caso omiso de las protestas que están surgiendo en contra. Esta nueva modificación de la Ley de Hidrocarburos es una prueba más. Otra muestra de la "sintonía" entre las empresas y el gobierno, son los hechos acaecidos en Canarias. A principios de noviembre, el Ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, ha asegurado que el referéndum que pretende convocar el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas que Repsol va a llevar a cabo frente a sus costas "es ilegal". El argumento utilizado es el mismo que sirvió para echar atrás la ley del Gobierno de Cantabria contra la fractura hidráulica: “la competencia de las prospecciones solo la tiene el Estado”.
La semana pasada, unos activistas fueron agredidos de forma brutal por parte de las fuerzas armadas. A Repsol no le hizo falta contratar una empresa privada de seguridad, el gobierno de Madrid puso a la armada a su servicio para proteger sus intereses.
A la vista de los acontecimientos, a los vecinos afectados no les va a quedar otra solución para defender su tierra y su modo de vida que unirse y luchar. Solo unidos y con el apoyo del resto de la población se podrá plantar cara a estas empresas que parecen tener al gobierno de su lado.