El pleno del Congreso, con los votos del PP, CiU y UPyD, ha tumbado la propuesta que pretendía prohibir en todo el Estado la fracturación hidráulica ('fracking') para la extracción de gas no convencional. Esta moción solicitaba además la suspensión de todas las actividades de prospección, investigación, exploración y explotación; dejando en suspenso los permisos ya autorizados y denegando las nuevas solicitudes. Así mismo, reclamaba “impulsar un cambio de modelo energético” centrado en las “fuentes renovables y limpias y en el ahorro y eficiencia energética”.
La prohibición del fracking fue respaldada, además de por la CHA -que la presentaba-, por el PSOE, IU-ICV y el resto del grupo mixto. Se fundamentaba en el principio de precaución, dados los riesgos que supone para la salud y el medioambiente. PNV, FAC y UPN se abstuvieron.
Los argumentos esgrimidos por quienes rechazaron la moción fueron los mismos que defiende el lobby gasista: La improcedencia de una prohibición generalizada de nuevas fuentes de energía, la actual coyuntura económica y la alta dependencia energética.
La plataforma Shale Gas -una agrupación de varias empresas del sector-, en un boletín que envía a diputados y senadores, aplaude la decisión tomada por el congreso. Argumenta al respecto que “España cuenta con una de las legislaciones medioambientales más garantistas del mundo”. De igual manera, el Ministro de Industria J.M. Soria defiende que los proyectos se pueden desarrollar de una forma segura si se aplica una “regulación adecuada”. En cuanto a los riesgos, que no niega, asegura que “existe tecnología para minimizarlos”.
No obstante, el informe del Parlamento Europeo de Junio de 2011 constata que “el marco regulatorio no está disponible y debería ser desarrollado”. Otro informe de la Dirección General de Medio Ambiente para la Comisión Europea, de Agosto de 2012, reconoce las limitaciones de la revisión de riesgos llevada a cabo hasta ahora.
TERRITORIOS
Cantabria se convertirá este mes en la primera Comunidad Autónoma en prohibir la fractura hidráulica en su territorio. A tal efecto se está tramitando una legislación promovida por el Gobierno del PP, la cual contará con el respaldo del resto de partidos con representación en el parlamento (PSOE y PRC). Con la aprobación de esta ley “Cantabria ha puesto fin a la pesadilla del fracking”, en palabras del diputado popular Iñigo Fernández.
El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado una proposición no de ley para la prohibición. Con el respaldo del PP, Foro, PSOE e IU (UPyD se abstuvo) se insta al Consejo de Gobierno a presentar un anteproyecto de ley.
También en Galicia, los cuatro grupos con representación parlamentaria, se pronunciaron unánimemente contra el fracking, siendo en este caso la Xunta quien debe acordar una moratoria al fracking.
Estos son algunos de los ejemplos donde la oposición generalizada de la población está obligando a que sus administraciones territoriales se pronuncien, y actúen, en sentido opuesto a las directrices del Gobierno central y a la presión del lobby del gas.
DUDAS
Aún valorando el paso dado por el ejecutivo autonómico, la Asamblea contra la fractura hidráulica de Cantabria duda de que la voluntad de prohibición sea tan firme. Aún antes de aprobarla, Francisco J. Fernández, Consejero de Medioambiente, manifestó que “es una prohibición clara pero temporal. Cuando el marco jurídico sea más claro se volverá a replantear”. El Presidente de Cantabria, Ignacio Diego, tampoco descarta revisarla cuando se den las “garantías suficientes” de que no deteriora determinados “valores de la naturaleza”.
Estos representantes del gobierno reconocen que los riesgos sobre la economía, el territorio y la población, van más allá de los puramente 'ambientalistas'; pero centran el debate, y la redacción de la ley, exclusivamente en los aditivos tóxicos y contaminantes para el agua. Exactamente en la misma línea central que promueve Shale Gas.
“Esta ley es un paso, aunque solo prohíbe la etapa final. Las empresas pueden hacer todos los trabajos previos, incluso perforaciones kilométricas, y nadie construye los cimientos de una casa que no espera terminar”-señala María González, de la Asamblea de Cantabria. También apunta a uno de los permisos concedidos, que podría ser legalmente anulado por el Gobierno cántabro y “no parece tener la más mínima intención”.
Desde otro plano enfoca sus dudas el parlamentario socialista Juan Guimerans, advirtiendo que la futura ley “corre el riesgo de ser anulada”, en referencia a que sea recurrida por el Congreso de los Diputados, dada la “incoherencia” de los responsables del PP en Madrid o en los territorios.
El PRC, en boca de su portavoz parlamentario Rafael de la Sierra, también teme que se trate de “un juego de manos con truco”, considerando que si la administración central recurre al Constitucional será “un fraude”.
Escrito por Ignacio Modinos y publicado en Diagonal