El pasado mes de mayo el gobierno aprobó la reforma de la ley de hidrocarburos que venía anunciando desde un tiempo atrás (Ley 8/2015 de 21 de mayo que reforma la Ley de hidrocarburos).
En un principio, desde por lo menos el año 2006, el gobierno venía dando permisos para la investigación de la extracción de gas mediante fracking a diversas empresas. Todo ello sin informar ni a los ayuntamientos afectados ni a las gentes que vivimos en esos territorios. Cuando los habitantes nos enteramos nos informamos, y pasamos esta información a nuestros vecinos y a los ayuntamientos afectados. Con el tiempo y con la información en la mano ha habido un claro posicionamiento sobre la cuestión, ilustrado por la fuerte oposición local en Cantabria y otros lugares, así como por la proliferación de leyes que han ido prohibiendo el fracking en diversos territorios: Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, País Vasco. Después de esto el gobierno siempre ha intentado hacer cambiar a la gente su voluntad de no permitir hacer fracking. Por un lado mediante fuertes campañas de propaganda enfocada al tema económico: puestos de trabajo e independencia enegética, y por otro lado mediante reformas legales: la inclusión del fracking como técnica básica para poder declarar las prohibiciones del fracking inconstitucionales y la reforma a la que hacemos mención ahora.
Entendemos que con esta reforma el gobierno ha tomado partido por los intereses de las empresas gasísticas (Repsol, Gas Natural Fenosa, BNK Petroleum, SHESA, etc.), frente a los intereses de las poblaciones afectadas que defendemos nuestro agua, nuestra salud y nuestras formas de vida. Creemos que no debería ser así.
Hemos elaborado un análisis preliminar sobre esta reforma que os podéis descargar desde aquí. Os pedimos que lo leais, estudieis, corrijáis y nos ayudéis a mejorarlo para que sirva como una herramienta más para impedir que nunca se llegue a hacer fracking ni aquí ni en n ingún sitio.
Adelantamos las conclusiones del análisis para animaros a su lectura:
Pese a que el Gobierno, con esta reforma en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, pretenda hacer creer a la población que los territorios afectados por la técnica de extracción no convencional mediante la fractura hidráulica o Fracking, se verán beneficiados económicamente, deducimos que dicho beneficio económico no existe, e incluso lejos de existir, lo que se potencia es facilitar la implantación de las empresas a cambio de generar un desastre medioambiental a corto medio plazo y un problema de salud pública a medio largo plazo, lo cual no solo redundará negativamente en la economía de los territorios afectados si no también en la calidad de vida y salud de sus habitantes.
En un principio, desde por lo menos el año 2006, el gobierno venía dando permisos para la investigación de la extracción de gas mediante fracking a diversas empresas. Todo ello sin informar ni a los ayuntamientos afectados ni a las gentes que vivimos en esos territorios. Cuando los habitantes nos enteramos nos informamos, y pasamos esta información a nuestros vecinos y a los ayuntamientos afectados. Con el tiempo y con la información en la mano ha habido un claro posicionamiento sobre la cuestión, ilustrado por la fuerte oposición local en Cantabria y otros lugares, así como por la proliferación de leyes que han ido prohibiendo el fracking en diversos territorios: Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña, País Vasco. Después de esto el gobierno siempre ha intentado hacer cambiar a la gente su voluntad de no permitir hacer fracking. Por un lado mediante fuertes campañas de propaganda enfocada al tema económico: puestos de trabajo e independencia enegética, y por otro lado mediante reformas legales: la inclusión del fracking como técnica básica para poder declarar las prohibiciones del fracking inconstitucionales y la reforma a la que hacemos mención ahora.
Entendemos que con esta reforma el gobierno ha tomado partido por los intereses de las empresas gasísticas (Repsol, Gas Natural Fenosa, BNK Petroleum, SHESA, etc.), frente a los intereses de las poblaciones afectadas que defendemos nuestro agua, nuestra salud y nuestras formas de vida. Creemos que no debería ser así.
Hemos elaborado un análisis preliminar sobre esta reforma que os podéis descargar desde aquí. Os pedimos que lo leais, estudieis, corrijáis y nos ayudéis a mejorarlo para que sirva como una herramienta más para impedir que nunca se llegue a hacer fracking ni aquí ni en n ingún sitio.
Adelantamos las conclusiones del análisis para animaros a su lectura:
Pese a que el Gobierno, con esta reforma en la ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, pretenda hacer creer a la población que los territorios afectados por la técnica de extracción no convencional mediante la fractura hidráulica o Fracking, se verán beneficiados económicamente, deducimos que dicho beneficio económico no existe, e incluso lejos de existir, lo que se potencia es facilitar la implantación de las empresas a cambio de generar un desastre medioambiental a corto medio plazo y un problema de salud pública a medio largo plazo, lo cual no solo redundará negativamente en la economía de los territorios afectados si no también en la calidad de vida y salud de sus habitantes.